Educación & Cultura

Hay declaraciones que, en su entusiasmo genuino, contienen más pedagogía cívica que cualquier manual de instrucción ciudadana. La del presidente del Instituto de Previsión Social, Isaías Fretes, al anunciar que el angiógrafo del servicio de hemodinamia finalmente se encuentra operativo, es una de ellas. ¿Por qué alguien celebra con un "¡Por fin!" el funcionamiento de un equipo médico en una institución pública? La respuesta a esa pregunta es el verdadero texto de este artículo.

El IPS es, en teoría, una de las instituciones más sólidas del andamiaje social paraguayo. Fundado en 1943, bajo la presidencia de Higinio Morínigo, fue concebido como el gran pacto entre el trabajador formal y el Estado: el asegurado aporta mes a mes un porcentaje de su salario, y a cambio recibe cobertura médica, jubilación, maternidad y prestaciones de largo aliento. Es, en su estructura original, un modelo de previsión social que muchos países latinoamericanos envidiarían. Sin embargo, la distancia entre la promesa fundacional y la realidad cotidiana de sus afiliados ha sido, históricamente, un abismo que genera resignación antes que indignación.

"¡Por fin nuestro angiógrafo ya está funcionando!" — Isaías Fretes, presidente del IPS

Esa exclamación de Fretes no es el grito de un burócrata insensible. Al contrario: es la expresión de alguien que conoce de cerca los laberintos institucionales y que sabe lo que cuesta mover una pieza dentro de la maquinaria estatal paraguaya. Pero justamente por eso es tan reveladora. Un angiógrafo es un equipo de diagnóstico y tratamiento cardiovascular de alta complejidad. Su disponibilidad no es un lujo: es la diferencia entre detectar a tiempo una obstrucción coronaria o derivar a un paciente a una clínica privada que muchos no pueden costear. Que su puesta en marcha merezca una celebración institucional nos habla de la precariedad crónica que se ha naturalizado en el sistema.

Aquí reside la primera lección de educación cívica que este episodio ofrece: los ciudadanos asegurados tienen derechos, no favores. Cada trabajador en relación de dependencia que aporta al IPS —que mes a mes ve descontada una porción de su salario, tanto del bolsillo propio como del de su empleador— no está recibiendo una dádiva del Estado cuando accede a una consulta o a un procedimiento de hemodinamia. Está ejerciendo un derecho contractual. La confusión entre derecho y favor es uno de los mecanismos más efectivos de dominación simbólica que operan en las democracias con instituciones débiles: cuando el ciudadano agradece lo que ya pagó, cuando aplaude lo que debería haber existido desde siempre, el Estado se libera de rendir cuentas por lo que tardó en entregar. Y ese aplauso, aunque comprensible —porque la espera fue larga y el alivio es real— también es, sin quererlo, una forma de normalizar la demora.

La segunda lección es histórica. Paraguay tiene una larga tradición de Estado patrimonialista, en el que los recursos públicos se gestionan con lógica clientelar antes que con criterio de servicio universal. Esta tradición —que no es exclusiva de ningún partido ni gobierno— explica por qué un angiógrafo puede estar inoperativo durante meses o años sin que eso genere consecuencias institucionales visibles para nadie. Hay algo profundamente triste en ese mecanismo: el paciente que llega al IPS con dolor en el pecho, con la angustia de no saber qué le pasa por dentro, y se encuentra con que el equipo "está en reparación" o "está siendo gestionado", se va a su casa con la incertidumbre intacta y la esperanza un poco más erosionada. No hace una denuncia pública. No exige en los medios. Simplemente vuelve a esperar, porque aprendió que esperar es lo que toca. La ciudadanía, fatigada por décadas de promesas incumplidas, ha aprendido a bajar sus expectativas hasta el nivel del suelo. Y cuando las expectativas son tan bajas, cualquier cosa ordinaria —un equipo que enciende, un turno que se consigue, un medicamento que aparece en la farmacia— se convierte en noticia extraordinaria.

La tercera lección es prospectiva, y es la más urgente: la salud pública no puede depender del voluntarismo de las gestiones de turno. Que el angiógrafo funcione hoy es una buena noticia, y sería mezquino no reconocerlo. Hay familias que llevan meses —quizás más— aguardando un turno para un procedimiento que este equipo hace posible. Para ellas, el anuncio de Fretes no es retórica: es una carga que se levanta, una llamada telefónica que por fin trae una fecha, un poco de oxígeno en medio de la angustia de no saber cuándo. Ese alivio es real y merece ser nombrado. Pero la pregunta que la educación cívica nos obliga a formular es: ¿qué garantías estructurales existen para que siga funcionando mañana, con el siguiente gobierno, con el siguiente presidente del IPS? El paraguayo sabe bien lo que es ilusionarse con un avance institucional para ver cómo se deshace con el cambio de gestión. Esa mezcla de esperanza y desconfianza —ese "ojalá dure" que no termina de volverse certeza— es quizás la emoción más honesta y más extendida que genera esta noticia. La sostenibilidad de los servicios de salud en una institución como el IPS requiere protocolos de mantenimiento, presupuestos blindados y mecanismos de rendición de cuentas que trasciendan las gestiones individuales. Celebrar el "por fin" sin exigir el "para siempre" es quedarse a mitad del camino.

El exclamativo de Isaías Fretes es, en el fondo, un involuntario documento de época. Nos recuerda que en Paraguay aún hay mucho trabajo por hacer para que lo excepcional deje de ser noticia y lo ordinario — un equipo médico funcionando, una consulta sin lista de espera de seis meses, un medicamento disponible en farmacia — se convierta en el piso mínimo irrenunciable de la vida pública. Esa transformación no la hará ningún presidente del IPS solo. La hará una ciudadanía que, en lugar de aplaudir el "por fin", empiece a preguntar con firmeza: ¿por qué tardó tanto?