Derechos Humanos & Justicia Social

Encarnación, 2 de junio de 2026. — Hay dos formas de leer la declaración del presidente del Instituto de Previsión Social, Isaías Fretes: como un logro institucional o como una confesión involuntaria. "¡Por fin nuestro angiógrafo ya está funcionando!" — esa palabra, "por fin", lo dice todo. Admite la espera. Admite que hubo un antes sin el equipo. Admite, entre líneas, que el derecho a la salud de miles de trabajadores asegurados estuvo suspendido mientras la burocracia encontraba el momento oportuno para actuar.

El angiógrafo — dispositivo de imagen especializado indispensable para diagnósticos y procedimientos de hemodinamia cardíaca — no es un lujo tecnológico. Es infraestructura básica para detectar y tratar enfermedades coronarias, las principales causadoras de muerte en Paraguay. Sin él, los pacientes del IPS con cardiopatías que requerían cateterismos o stents dependían de derivaciones al sector privado, con costos que muchas familias de trabajadores formales simplemente no pueden absorber, o de listas de espera interminables en hospitales públicos que tampoco cuentan con suficiente cobertura.

"¡Por fin nuestro angiógrafo ya está funcionando!" — Isaías Fretes, presidente del IPS.

La pregunta que ningún comunicado oficial responde es cuánto tiempo estuvo ese servicio interrumpido o inexistente, y qué pasó con los asegurados que necesitaban una intervención coronaria urgente durante ese período. Hay familias que saben exactamente cuánto tiempo duró esa espera — porque la midieron en traslados nocturnos a Asunción, en préstamos pedidos con vergüenza, en deudas que todavía no terminaron de pagar, o en una silla vacía en la mesa. El IPS recauda aportes obligatorios de trabajadores dependientes: cada mes, una porción del salario de un enfermero de Itapúa, de un maestro de Misiones, de un obrero de la construcción en Asunción, entra en las arcas de la institución con una promesa implícita — atención médica de calidad cuando la vida lo exija. Esa promesa, en materia de hemodinamia, estuvo incumplida. Y el dolor de esa ruptura no desaparece porque el equipo finalmente encienda.

En el discurso de los derechos humanos, la salud no es una prestación que el Estado concede cuando puede: es un derecho reconocido por la Constitución Nacional paraguaya en su artículo 68 y por los tratados internacionales ratificados por el país. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha sido categórico: los Estados tienen la obligación de garantizar la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud. La ausencia de un angiógrafo funcional en el principal seguro social del país no es una falla técnica menor — es una vulneración medible y documentable de ese estándar.

Lo que incomoda del anuncio de Fretes no es su contenido sino su tono: el de quien anuncia una inauguración festiva, no el de quien rinde cuentas por una carencia. No hubo mención a los asegurados que fueron derivados al sector privado durante la espera y a qué costo personal y familiar. No hubo explicación sobre las causas del retraso — si fue falta de presupuesto, falla de licitación, negligencia administrativa, o disputa política interna. No hubo reconocimiento de las familias que cargaron con esa deuda institucional sobre sus espaldas — las que vendieron lo que tenían, las que pidieron turno en hospitales públicos saturados, las que rezaron para que el corazón aguantara un poco más. En el Paraguay de 2026, donde la rendición de cuentas sigue siendo el talón de Aquiles de las instituciones públicas, celebrar sin contextualizar es una forma elegante de no explicar. Y no explicar es también una forma de no pedir perdón.

Desde Encarnación, donde el acceso a servicios especializados del IPS implica horas de traslado hacia Asunción, la noticia del angiógrafo operativo se recibe con alivio genuino y con escepticismo legítimo a partes iguales. El alivio es real: contar con hemodinamia funcional salva vidas, alivia la angustia de familias que no tienen otra red de contención, devuelve una dignidad que debería haber estado siempre presente. Hay algo profundamente emocionante en imaginar a un trabajador asegurado entrando a ese servicio sin tener que pagar de su bolsillo, sin tener que explicarle a su patrón por qué faltó tres días para ir a Asunción. Eso es real y merece ser nombrado. Pero el escepticismo también: en esta región, los asegurados saben por experiencia propia que los anuncios institucionales a veces preceden años de funcionamiento irregular, de equipos que se rompen sin reparación rápida, de especialistas que no se contratan. La memoria colectiva del interior del país está hecha de inauguraciones que se convirtieron en promesas sin cumplir. El angiógrafo está funcionando hoy. La pregunta es si seguirá funcionando mañana, con personal suficiente, con insumos garantizados, con mantenimiento presupuestado. Esa desconfianza no es cinismo — es historia acumulada.

El derecho a la salud no se cumple con un anuncio. Se cumple con continuidad, con cobertura universal real, con la certeza de que un trabajador que pagó treinta años de aportes no tendrá que hipotecar su casa para acceder a una intervención cardíaca. Se cumple con la tranquilidad de saber que si el corazón falla un martes a la madrugada, el sistema va a responder — no con una derivación al privado, no con una lista de espera, no con un "vuelva la semana que viene". Se cumple cuando dejar de esperar deja de ser noticia y pasa a ser la normalidad esperada. Isaías Fretes tiene razón en que el angiógrafo funcionando es una buena noticia. Pero el periodismo tiene la obligación de recordar que las buenas noticias institucionales también tienen un reverso: el de quienes esperaron demasiado, el de quienes no alcanzaron a ver ese "por fin", y el de las familias que llevan ese peso en silencio, sin que ningún comunicado oficial los nombre.