Transparencia & Anticorrupción

El 1 de junio de 2026, el Instituto de Previsión Social reactivó su Servicio de Hemodinamia en el Hospital Central de Asunción. La noticia llegó acompañada de una declaración del presidente Isaías Fretes que, leída en contexto, resulta tan reveladora como incómoda:

"¡Por fin nuestro angiógrafo ya está funcionando!"

El entusiasmo del funcionario sería comprensible si se tratara de un logro extraordinario. No lo es. Un angiógrafo operativo en el principal hospital de la institución previsional más grande del país no es un logro: es una obligación básica hacia los asegurados que financian el sistema con sus aportes mensuales. Esas mismas personas que durante meses llegaron a la guardia del Hospital Central con el corazón fallando, escucharon que el equipo estaba roto, y tuvieron que buscar dónde ir con la desesperación que solo conoce quien espera un turno que puede ser el último.

Los hechos que rodean ese "por fin" son elocuentes. Los angiógrafos del IPS llevaban meses averiados. La institución debió activar un plan de contingencia y derivar pacientes cardíacos al Hospital de Clínicas mediante un convenio de emergencia, mientras sus propios equipos permanecían inoperativos. Hay que imaginar lo que eso significa en la práctica: una persona con síntomas de infarto en los pasillos del Central, la enfermera que explica que hay que trasladarse, la familia que no tiene cómo llegar al otro hospital, el tiempo que se consume mientras el músculo cardíaco no perdona demoras. La Superintendencia de Salud tuvo que emplazar formalmente al IPS para que adquiriera al menos cuatro equipos de angiografía digital —tres en el Hospital Central y uno descentralizado— fijando un plazo de seis meses. No fue una sugerencia: fue una orden regulatoria ante una falla sistémica. Y sin ese empuje externo, es razonable preguntarse cuánto más habría durado la parálisis.

La dimensión económica del asunto merece atención específica. Para reparar los angiógrafos averiados, el IPS invirtió aproximadamente G. 1.000 millones. Para adquirir tres nuevos equipos de última generación —proceso que ya se está licitando— la cifra asciende a G. 30.000 millones. Son números que, por sí solos, no dicen nada sobre irregularidades. Pero sí plantean preguntas legítimas: ¿por qué no se mantuvieron los equipos existentes antes de que llegaran a un estado de avería total? ¿Qué empresa o empresas ganaron las licitaciones anteriores de mantenimiento de equipos biomédicos? ¿Se cumplieron los contratos? La auditoría de la Superintendencia de Salud, que investiga precisamente la situación de los equipos médicos del IPS, debería dar respuestas concretas. Hasta ahora, esas respuestas no son públicas.

El historial licitatorio del IPS en materia de equipamiento médico es uno de los capítulos más opacos de las contrataciones públicas paraguayas. La institución maneja un presupuesto multimillonario y tiene una larga tradición de procesos de compra que terminan en sobreprecios, equipos que llegan tarde, equipos que nunca llegan, o equipos que llegan pero nadie sabe operarlos. En este contexto, el anuncio de una licitación por G. 30.000 millones para angiógrafos no puede recibirse con aplausos automáticos. Debe recibirse con escrutinio. ¿Quiénes serán los oferentes? ¿Cuál es el precio de referencia internacional para equipos equivalentes? ¿Hay empresas vinculadas a funcionarios actuales o pasados del IPS entre los posibles proveedores?

Fretes asumió la presidencia del IPS con un diagnóstico brutal: el área médica de la institución estaba quebrada. Usó esa palabra él mismo, en un informe que dejó en claro que la crisis no era coyuntural sino estructural. Esa honestidad diagnóstica es valorable —porque en Paraguay la costumbre institucional es negar hasta que el edificio se derrumba encima. Pero un diagnóstico sin responsables identificados es solo retórica. La crisis del servicio de Hemodinamia no ocurrió en el vacío: hubo gestiones anteriores que dejaron vencer contratos de mantenimiento, que no licitaron equipos a tiempo, que priorizaron otros gastos. Gestiones que festejaban inauguraciones con globos y banderas mientras los técnicos sabían que el equipo tenía los días contados. ¿Quién tomó esas decisiones? ¿Están siendo investigados? La reactivación del servicio no puede ser el punto final de la historia. Debe ser el punto de partida de una rendición de cuentas real.

Los medios confirmaron que la crisis dejó al menos una muerte vinculada a la falta de capacidad en Hemodinamia durante el período de parálisis. Una muerte que tiene nombre, que tiene familia, que tiene una silla vacía en alguna mesa de algún barrio de Asunción. Si esa muerte puede atribuirse directamente a la inoperatividad de los equipos, estamos ante una omisión con consecuencias penales, no solo administrativas. Porque el Estado no solo falla cuando hace mal: también falla cuando no hace lo que debe hacer, cuando deja que una máquina se rompa y nadie llama al técnico, cuando el presupuesto de mantenimiento desaparece sin explicaciones y nadie rinde cuentas. La celebración institucional de Fretes, legítima como alivio sanitario, no puede tapar esa sombra. El paraguayo que depende del IPS ya sabe demasiado bien lo que significa celebrar lo que debería ser normal. Celebra cuando hay medicamentos. Celebra cuando se atiende sin lista de espera de meses. Celebra cuando una máquina funciona. Esa resignación acumulada, esa costumbre de agradecer lo que es apenas una obligación, es la medida exacta del abandono al que fue sometido durante años. "Por fin" es una expresión de alivio. Pero para las familias que perdieron a un ser querido mientras el IPS buscaba quien reparara sus máquinas, ese "por fin" llega demasiado tarde.